El peronismo del Senado impulsa una ley para controlar el funcionamiento de la base aérea de China en Neuquén, una concesión de 20 hectáreas del país por 50 años que otorgó Cristina Kirchner en 2015 y fue motivo de reproche de Estados Unidos.

Eran épocas de falta de dólares, ruptura del diálogo con Barack Obama y relaciones carnales con Rusia y China, a cambio de divisas para engrosar el Banco Central.

Nunca quedó muy claro el motivo de la base, con el único compromiso de China de usarla para fines "pacíficos", una obviedad. Se presumía que eran tareas espaciales, pero la diplomacia de otros países sospechaba que pueda interceptar comunicaciones y Mauricio Macri nunca se atrevió a revisarla. 

El PJ es el que exige un control más minucioso, a través de un proyecto de ley de Miguel Pichetto y sus pares, que crea una bicameral encargada de estudiar el acuerdo de cooperación entre Argentina y China realizado para poner en funciones la base.

Establece que la comisión tendrá que "contar con acceso irrestricto a las instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos en el territorio de la provincia del Neuquén, y a toda documentación pertinente".

Y deberán verificar "el cumplimiento del acuerdo, sus resultados y perspectivas de desarrollo futuro" y "garantizar la confidencialidad de la información, asumiendo las responsabilidades correspondientes por su divulgación".

De prosperar, no faltarán reclamos de la representación de China en el país, transcurridos pocos meses de la visita a la quinta de Olivos de su presidente, Xi Jiniping. Y a poco tiempo de la elección presidencial.